El Verdugo
sábado, 20 de junio de 2009
Julián Grimau
Julián Grimau García fue político comunista español, nacido en Madrid en 1911 y fusilado en la misma ciudad en 1963.
En su juventud militó en Izquierda Republicana. Al estallar la guerra civil, ingresó en el Partido Comunista de España (PCE). Pasó la guerra en Barcelona, donde se dedicó a labores policiales (su padre, Enrique Grimau, había sido inspector de policía). Al ser derrotada la República, se exilió a Latinoamérica, estableciéndose posteriormente en Francia. Fue uno de los dirigentes del PCE durante la época franquista. En 1954, durante el congreso del partido celebrado en Praga, fue elegido miembro de su comité central. A partir de 1959 se haría cargo de la dirección del partido "en el interior", es decir, en España, donde tuvo que residir clandestinamente a lo largo de varios periodos.
Su actividad le hizo ser una de las personas más buscadas por la policía española. Tras su detención, fue juzgado por sus crímenes y fue fusilado por el régimen franquista.
La prensa internacional volcó su atención sobre el caso Grimau y hubo manifestaciones multitudinarias en varias capitales europeas y latinoamericanas. Más de 800.000 telegramas llegaron a Madrid pidiendo la paralización de lo que consideraban un juicio farsa. Aún hoy, numerosas ciudades de todo el mundo honran al madrileño con calles y edificios oficiales que llevan su nombre.
El escritor y periodista de extensa trayectoría en el franquismo, Emilio Romero Gómez (Arévalo, Ávila, 1917 - Madrid, 2003) recogió en su libro Los papeles reservados, (diciembre 1985) una serie de documentos de testigos que aún vivían y recordaban las torturas realizadas por Julián Grimau en Barcelona durante la Guerra Civil. El periodista recoge testimonios directos de personas torturadas por Grimau. En ellos, se acusa a Grimau de torturas tan salvajes como palizas, aplicación de descargas eléctricas en los testículos, obligación de ingesta de los propios orines, entre otras. La única fuente localizada de este relato se encuentra en la página web de la Fundación Francisco Franco.
Grimau fue detenido en noviembre de 1962. La detención se produjo en un autobús en el que viajaban únicamente él y otros dos pasajeros, que resultaron ser agentes de la Brigada Político-Social (policía política). Obviamente, había sido delatado. Fue conducido a la Dirección General de Seguridad, situada en la madrileña Puerta del Sol, en el edificio conocido como Casa del Reloj, que hoy es sede del gobierno de la Comunidad de Madrid. Allí cayó por la ventana desde un segundo piso a un callejón, lo que le ocasionó graves lesiones en el cráneo y en ambas muñecas. Grimau explicó este hecho a su abogado declarando que en un momento dado de la sesión de tortura a la que fue sometido por sus interrogadores, le agarraron y le arrojaron por la ventana, esposado con las manos delante, razón por la cual se fracturó la frente y las muñecas. La policía, por boca del ministro de Información Manuel Fraga Iribarne, declaró por el contrario que Grimau recibió un trato exquisito y que en un momento de su interrogatorio se encaramó a una silla, abrió la ventana y se arrojó por ella de forma "inexplicable" y por voluntad propia.
Frente a todas las previsiones, Grimau no fue acusado por su militancia clandestina (lo que le habría valido una condena a prisión) sino por su actividad durante la guerra civil. Fue la última persona procesada y condenada en España como consecuencia de la guerra. La razón de ello es que, probablemente, el régimen quiso dar una lección a la oposición en un momento en el que existía una ola de alta conflictividad social y política. Grimau fue acusado por su trabajo como policía durante la guerra civil. Esa actividad, como todas las ejercidas por miembros de la administración republicana durante la guerra, era calificada de delito de rebelión militar. Aunque el delito se consiguiese probar, técnicamente había prescrito tras los 25 años transcurridos. El tribunal debía probar entonces que se trataba de un delito continuado. En concreto, a Grimau se le imputaban torturas y asesinatos en una checa (centro de detención político) de Barcelona. Dicha imputación, que no fue demostrada en el juicio, se le ha hecho también desde sectores anarquistas, que le acusan de haber sido un prominente miembro del Servicio de Información Militar (SIM) y de haber dirigido la represión contra los acusados del asesinato del agente del SIM Leon Narwicz en 1938. No parece sin embargo que existan pruebas documentales de ello. Además, estas fuentes sitúan la actividad de Grimau en Madrid, no en Barcelona. Sin embargo, a pesar de lo anterior, Jorge Semprún (Federico Sánchez), miembro del Comité Ejecutivo del PCE, escribió en su Autobiografía de Federico Sánchez lo siguiente:
A raíz de su detención [de Grimau], y sobre todo después de su asesinato, cuando participé en la elaboración del libro (Julián Grimau — El hombre — El crimen — La protesta, Éditions Sociales, 1963) que el Partido consagró a su memoria, fui conociendo algunos aspectos de su vida que ignoraba por completo mientras trabajaba con él en la clandestinidad madrileña. Así, por ejemplo, yo no sabía que Julián Grimau, pocas semanas después de comenzada la guerra civil, cuando todavía era miembro del Partido Republicano Federal —sólo se hizo comunista en octubre de 1936—, había ingresado en los Cuerpos de Seguridad de la República, trabajando primero en la Brigada Criminal de la policía de Madrid. Un día, mientras preparábamos la confección del libro ya citado, Fernando Claudín, bastante desconcertado y con evidente malestar y disgusto, me enseñó un testimonio sobre Grimau que acababa de recibirse de América Latina. Allí se exponía con bastante detalle la labor de Grimau en Barcelona, en la lucha contra los agentes de la Quinta Columna franquista, pero también —y eso era lo que provocaba el malestar de Claudín— en la lucha contra el POUM. No conservo copia de dicho documento y no recuerdo exactamente los detalles de esta última faceta de la actividad de Grimau, que el testigo de América Latina reseñaba como si tal cosa, con pelos y señales. Sé únicamente que la participación de Grimau en la represión contra el POUM quedaba claramente establecida por aquel testimonio, que fue edulcorado y censurado en sus aspectos más problemáticos, antes de publicarse muy extractado en el libro al que ya he aludido.
Grimau fue procesado por un tribunal militar. No existían apenas en España militares con formación jurídica, por lo que bastaba con que fuera abogado el ponente o fiscal, encargado de asesorar a los presidentes del tribunal. En el caso del juicio a Grimau, ejerció de fiscal un habitual de los juicios políticos, Manuel Fernández Martín, que en realidad nunca había estudiado Derecho y desempeñaba el cargo, como muchas otras personas en la época, gracias a que podía declarar que sus títulos "se habían quemado durante la guerra" (fue desenmascarado un año más tarde, tras décadas de ejercicio, y condenado a prisión). El defensor era la única persona con formación jurídica de la sala: el teniente abogado Alejandro Rebollo (que sería diputado años después), a quien la defensa de Grimau le costaría el puesto.
El juicio se celebró en los juzgados militares de Madrid el jueves 18 de abril de 1963, con la sala atestada de periodistas. Para Rebollo, el juicio era nulo de pleno derecho (de acuerdo incluso con las leyes políticas de la época y aun sin saber que el ponente era un impostor). Los delitos de torturas no fueron probados: los testigos de la acusación declararon que conocían los crímenes del acusado "de oídas", es decir a través de rumores o testimonios de terceros que no podían comprobarse. Sólo estaba probado que, efectivamente, fue polícía. El delito continuado de rebelión era improbable dado que Grimau había pasado más de 20 años fuera de España tras el fin de la guerra y no existían indicios de su presencia clandestina en el país durante ese tiempo. El fiscal cortó en numerosas ocasiones las declaraciones del acusado y del propio abogado defensor, cuyo alegato no fue tenido en cuenta. Tras apenas cinco horas de juicio, sin deliberación, se dictó como estaba previsto la condena a muerte.
En realidad, el juicio por "rebelión militar", en el que se aplicaba la Ley de Responsabilidades Políticas de 1938, hacía previsible la sentencia. Este tipo de juicios sumarísimos en aplicación de una ley creada específicamente para aniquilar a los republicanos no se producía desde los años inmediatamente posteriores a la guerra. En su periodo de apogeo, acababan invariablemente con una sentencia de muerte, tanto que a menudo los bedeles del tribunal se permitían hacer sin reparos una broma macabra que se hizo famosa: "que pase la viuda del acusado". El fiscal Fernández Martín actuaba con frecuencia en estos juicios y su afición a la pena de muerte era también famosa.
Por otro lado, el Consejo de Ministros del 1 de abril de aquel año 1963 había aprobado la creación del Tribunal de Orden Público, que pretendía dar carpetazo definitivamente a la legislación represiva aprobada en el marco de la guerra civil. A Grimau le habría correspondido ser juzgado por este tribunal, que no habría dictado pena de muerte sino de prisión. Por ello, para asegurarse de que Grimau sería ejecutado, Franco dispuso que la entrada en vigor de la ley se retrasara hasta después del fusilamiento.
Precisamente por lo inusitado del procedimiento, eco de una guerra que por otro lado el franquismo parecía querer enterrar (comenzaban a prepararse los actos de los "veinticinco años de paz"), y porque se esperaba lo peor, desde el anuncio de los cargos contra Grimau se desató una reacción internacional de protesta y presión sin precedentes en ningún aspecto relacionado con España. La prensa internacional volcó su atención sobre el caso Grimau y hubo manifestaciones multitudinarias en varias capitales europeas y latinoamericanas. En algunos puertos, los estibadores se negaban a descargar los barcos españoles, y más de 800.000 telegramas llegaron a Madrid pidiendo la paralización de lo que consideraban un juicio farsa. La presión no pareció afectar al general Franco, que en su línea habitual la atribuyó a una "conspiración masónico-izquierdista con la clase política". Manuel Fraga, en su calidad de ministro de Información y Turismo, inició una intensa campaña dirigida a la prensa internacional atribuyendo a Grimau los mayores crímenes.
Tras la lectura de la sentencia, sólo cabía la posibilidad de que Franco conmutara la pena por otra de prisión. Numerosos jefes de Estado se pusieron en comunicación con él para hacerle esta petición, entre ellos el papa Juan XXIII y el líder soviético Nikita Jrushchov, lo que tampoco tenía precedentes: era la primera vez que un dirigente soviético se dirigía oficialmente al régimen franquista. Dentro de España, algunas personalidades cercanas al régimen pidieron también clemencia. El Consejo de Ministros, formado por 17 personas, se reunió el 19 de abril. Duró diez horas, aunque al parecer sólo Fernando Castiella, titular de Exteriores, y Vicente Fernández Bascarán, subsecretario del Ministerio de la Gobernación y ministro en funciones aquel día, manifestaron su oposición a la ejecución de la sentencia, alarmados por la presión internacional y las consecuencias que podía tener en la política exterior española. Su oposición fue sin embargo más bien tímida, ya que Franco finalmente exigió una votación y la decisión de firmar la sentencia se tomó por unanimidad.
Julián Grimau, entre tanto, pasaba en el cuartel militar del barrio de Campamento sus horas de capilla, es decir, las previas a la ejecución de la pena, en compañía de su abogado, de acuerdo con las ordenanzas militares. Hacia las 5 de la madrugada del 20 de abril, fue trasladado en una furgoneta al campo de tiro del cuartel, donde debía ejecutarse el fusilamiento. En principio, correspondía a la Guardia Civil formar el pelotón, pero sus mandos se negaron a hacerlo. El capitán general de Madrid rehusó también que el pelotón fuera integrado por militares de carrera, que era la segunda opción. Parece ser que fue el propio Franco quien dio la orden de que los ejecutores de Grimau fueran soldados de reemplazo, y así se hizo. Jóvenes, asustados y sin experiencia de tiro, según los testigos, dispararon a Grimau 27 balas sin lograr acabar con su vida. Fue el teniente que mandaba el pelotón quien hubo de rematar a Grimau de dos tiros en la cabeza. Según confesó años más tarde a la familia del fallecido, este acto le persiguió durante toda su vida, hasta el punto de que acabó sus días en un psiquiátrico. Julián Grimau fue enterrado en el cementerio civil de Madrid.
Con la llegada de la democracia, a partir de 1975, se abría teóricamente la posibilidad de revisar el caso Grimau y el de otras víctimas de la dictadura. Sin embargo, los acuerdos conocidos como Pactos de la Moncloa supusieron de facto una Ley de Punto Final y del silencio, de la que el PCE fue el mayor valedor. En términos generales, se procuraba olvidar los aspectos más oscuros del régimen anterior y enterrar definitivamente la memoria de la República y la guerra. En los años 1980, según testimonios de militantes del PCE y de familiares de Grimau, el ayuntamiento de Madrid, a la sazón dirigido por Enrique Tierno Galván, del Partido Socialista Obrero Español, propuso extraoficialmente rebautizar la avenida del Mediterráneo como avenida de Julián Grimau (existen calles y edificios públicos con el nombre de Grimau en numerosas ciudades fuera de España). El PCE se negó, mostrando así su voluntad de enterrar el asunto.
Desde mediados de los años 1990, sin embargo, la consolidación de la democracia y el tiempo transcurrido desde la guerra, además del fallecimiento de la mayoría de sus actores (lo que hacía menos conflictiva cualquier referencia a la misma), ha venido propiciando que se empezara a reivindicar en el ámbito parlamentario la memoria y reparación de los represaliados. Buena parte de las iniciativas en este sentido procedían y proceden de Izquierda Unida, coalición que integra a un PCE ya sin su antigua dirección -bajo el mando de Carrillo- y con las bases que la apoyaban muy mermadas. El 15 de abril de 2002, Izquierda Unida presentó una Proposición no de Ley sobre la rehabilitación pública y democrática de la figura de Julián Grimau, que recibió los votos a favor de todos los partidos con representación parlamentaria excepto el Partido Popular (PP), que a la sazón gobernaba con mayoría absoluta. El PP tenía una razón doble para oponerse y así lo expresó: por principio, es contrario a toda iniciativa política acerca de la guerra y sus consecuencias o el franquismo. En segundo lugar, preveía que el debate sobre Grimau tenía muchas posibilidades de convertirse además en un juicio público al ministro que defendió en todos los medios de comunicación su asesinato, Manuel Fraga, fundador del Partido Popular y entonces presidente de la comunidad autónoma de Galicia. En mayo de 2005, Izquierda Unida presentó una iniciativa similar en la Asamblea de Madrid (parlamento de la comunidad autónoma), para que dicha asamblea inste al gobierno a rehabilitar la figura de Julián Grimau. Esta iniciativa sí ha contado con el respaldo del PP, que cuenta con mayoría absoluta en la cámara.
En su juventud militó en Izquierda Republicana. Al estallar la guerra civil, ingresó en el Partido Comunista de España (PCE). Pasó la guerra en Barcelona, donde se dedicó a labores policiales (su padre, Enrique Grimau, había sido inspector de policía). Al ser derrotada la República, se exilió a Latinoamérica, estableciéndose posteriormente en Francia. Fue uno de los dirigentes del PCE durante la época franquista. En 1954, durante el congreso del partido celebrado en Praga, fue elegido miembro de su comité central. A partir de 1959 se haría cargo de la dirección del partido "en el interior", es decir, en España, donde tuvo que residir clandestinamente a lo largo de varios periodos.
Su actividad le hizo ser una de las personas más buscadas por la policía española. Tras su detención, fue juzgado por sus crímenes y fue fusilado por el régimen franquista.
La prensa internacional volcó su atención sobre el caso Grimau y hubo manifestaciones multitudinarias en varias capitales europeas y latinoamericanas. Más de 800.000 telegramas llegaron a Madrid pidiendo la paralización de lo que consideraban un juicio farsa. Aún hoy, numerosas ciudades de todo el mundo honran al madrileño con calles y edificios oficiales que llevan su nombre.
El escritor y periodista de extensa trayectoría en el franquismo, Emilio Romero Gómez (Arévalo, Ávila, 1917 - Madrid, 2003) recogió en su libro Los papeles reservados, (diciembre 1985) una serie de documentos de testigos que aún vivían y recordaban las torturas realizadas por Julián Grimau en Barcelona durante la Guerra Civil. El periodista recoge testimonios directos de personas torturadas por Grimau. En ellos, se acusa a Grimau de torturas tan salvajes como palizas, aplicación de descargas eléctricas en los testículos, obligación de ingesta de los propios orines, entre otras. La única fuente localizada de este relato se encuentra en la página web de la Fundación Francisco Franco.
Grimau fue detenido en noviembre de 1962. La detención se produjo en un autobús en el que viajaban únicamente él y otros dos pasajeros, que resultaron ser agentes de la Brigada Político-Social (policía política). Obviamente, había sido delatado. Fue conducido a la Dirección General de Seguridad, situada en la madrileña Puerta del Sol, en el edificio conocido como Casa del Reloj, que hoy es sede del gobierno de la Comunidad de Madrid. Allí cayó por la ventana desde un segundo piso a un callejón, lo que le ocasionó graves lesiones en el cráneo y en ambas muñecas. Grimau explicó este hecho a su abogado declarando que en un momento dado de la sesión de tortura a la que fue sometido por sus interrogadores, le agarraron y le arrojaron por la ventana, esposado con las manos delante, razón por la cual se fracturó la frente y las muñecas. La policía, por boca del ministro de Información Manuel Fraga Iribarne, declaró por el contrario que Grimau recibió un trato exquisito y que en un momento de su interrogatorio se encaramó a una silla, abrió la ventana y se arrojó por ella de forma "inexplicable" y por voluntad propia.
Frente a todas las previsiones, Grimau no fue acusado por su militancia clandestina (lo que le habría valido una condena a prisión) sino por su actividad durante la guerra civil. Fue la última persona procesada y condenada en España como consecuencia de la guerra. La razón de ello es que, probablemente, el régimen quiso dar una lección a la oposición en un momento en el que existía una ola de alta conflictividad social y política. Grimau fue acusado por su trabajo como policía durante la guerra civil. Esa actividad, como todas las ejercidas por miembros de la administración republicana durante la guerra, era calificada de delito de rebelión militar. Aunque el delito se consiguiese probar, técnicamente había prescrito tras los 25 años transcurridos. El tribunal debía probar entonces que se trataba de un delito continuado. En concreto, a Grimau se le imputaban torturas y asesinatos en una checa (centro de detención político) de Barcelona. Dicha imputación, que no fue demostrada en el juicio, se le ha hecho también desde sectores anarquistas, que le acusan de haber sido un prominente miembro del Servicio de Información Militar (SIM) y de haber dirigido la represión contra los acusados del asesinato del agente del SIM Leon Narwicz en 1938. No parece sin embargo que existan pruebas documentales de ello. Además, estas fuentes sitúan la actividad de Grimau en Madrid, no en Barcelona. Sin embargo, a pesar de lo anterior, Jorge Semprún (Federico Sánchez), miembro del Comité Ejecutivo del PCE, escribió en su Autobiografía de Federico Sánchez lo siguiente:
A raíz de su detención [de Grimau], y sobre todo después de su asesinato, cuando participé en la elaboración del libro (Julián Grimau — El hombre — El crimen — La protesta, Éditions Sociales, 1963) que el Partido consagró a su memoria, fui conociendo algunos aspectos de su vida que ignoraba por completo mientras trabajaba con él en la clandestinidad madrileña. Así, por ejemplo, yo no sabía que Julián Grimau, pocas semanas después de comenzada la guerra civil, cuando todavía era miembro del Partido Republicano Federal —sólo se hizo comunista en octubre de 1936—, había ingresado en los Cuerpos de Seguridad de la República, trabajando primero en la Brigada Criminal de la policía de Madrid. Un día, mientras preparábamos la confección del libro ya citado, Fernando Claudín, bastante desconcertado y con evidente malestar y disgusto, me enseñó un testimonio sobre Grimau que acababa de recibirse de América Latina. Allí se exponía con bastante detalle la labor de Grimau en Barcelona, en la lucha contra los agentes de la Quinta Columna franquista, pero también —y eso era lo que provocaba el malestar de Claudín— en la lucha contra el POUM. No conservo copia de dicho documento y no recuerdo exactamente los detalles de esta última faceta de la actividad de Grimau, que el testigo de América Latina reseñaba como si tal cosa, con pelos y señales. Sé únicamente que la participación de Grimau en la represión contra el POUM quedaba claramente establecida por aquel testimonio, que fue edulcorado y censurado en sus aspectos más problemáticos, antes de publicarse muy extractado en el libro al que ya he aludido.
Grimau fue procesado por un tribunal militar. No existían apenas en España militares con formación jurídica, por lo que bastaba con que fuera abogado el ponente o fiscal, encargado de asesorar a los presidentes del tribunal. En el caso del juicio a Grimau, ejerció de fiscal un habitual de los juicios políticos, Manuel Fernández Martín, que en realidad nunca había estudiado Derecho y desempeñaba el cargo, como muchas otras personas en la época, gracias a que podía declarar que sus títulos "se habían quemado durante la guerra" (fue desenmascarado un año más tarde, tras décadas de ejercicio, y condenado a prisión). El defensor era la única persona con formación jurídica de la sala: el teniente abogado Alejandro Rebollo (que sería diputado años después), a quien la defensa de Grimau le costaría el puesto.
El juicio se celebró en los juzgados militares de Madrid el jueves 18 de abril de 1963, con la sala atestada de periodistas. Para Rebollo, el juicio era nulo de pleno derecho (de acuerdo incluso con las leyes políticas de la época y aun sin saber que el ponente era un impostor). Los delitos de torturas no fueron probados: los testigos de la acusación declararon que conocían los crímenes del acusado "de oídas", es decir a través de rumores o testimonios de terceros que no podían comprobarse. Sólo estaba probado que, efectivamente, fue polícía. El delito continuado de rebelión era improbable dado que Grimau había pasado más de 20 años fuera de España tras el fin de la guerra y no existían indicios de su presencia clandestina en el país durante ese tiempo. El fiscal cortó en numerosas ocasiones las declaraciones del acusado y del propio abogado defensor, cuyo alegato no fue tenido en cuenta. Tras apenas cinco horas de juicio, sin deliberación, se dictó como estaba previsto la condena a muerte.
En realidad, el juicio por "rebelión militar", en el que se aplicaba la Ley de Responsabilidades Políticas de 1938, hacía previsible la sentencia. Este tipo de juicios sumarísimos en aplicación de una ley creada específicamente para aniquilar a los republicanos no se producía desde los años inmediatamente posteriores a la guerra. En su periodo de apogeo, acababan invariablemente con una sentencia de muerte, tanto que a menudo los bedeles del tribunal se permitían hacer sin reparos una broma macabra que se hizo famosa: "que pase la viuda del acusado". El fiscal Fernández Martín actuaba con frecuencia en estos juicios y su afición a la pena de muerte era también famosa.
Por otro lado, el Consejo de Ministros del 1 de abril de aquel año 1963 había aprobado la creación del Tribunal de Orden Público, que pretendía dar carpetazo definitivamente a la legislación represiva aprobada en el marco de la guerra civil. A Grimau le habría correspondido ser juzgado por este tribunal, que no habría dictado pena de muerte sino de prisión. Por ello, para asegurarse de que Grimau sería ejecutado, Franco dispuso que la entrada en vigor de la ley se retrasara hasta después del fusilamiento.
Precisamente por lo inusitado del procedimiento, eco de una guerra que por otro lado el franquismo parecía querer enterrar (comenzaban a prepararse los actos de los "veinticinco años de paz"), y porque se esperaba lo peor, desde el anuncio de los cargos contra Grimau se desató una reacción internacional de protesta y presión sin precedentes en ningún aspecto relacionado con España. La prensa internacional volcó su atención sobre el caso Grimau y hubo manifestaciones multitudinarias en varias capitales europeas y latinoamericanas. En algunos puertos, los estibadores se negaban a descargar los barcos españoles, y más de 800.000 telegramas llegaron a Madrid pidiendo la paralización de lo que consideraban un juicio farsa. La presión no pareció afectar al general Franco, que en su línea habitual la atribuyó a una "conspiración masónico-izquierdista con la clase política". Manuel Fraga, en su calidad de ministro de Información y Turismo, inició una intensa campaña dirigida a la prensa internacional atribuyendo a Grimau los mayores crímenes.
Tras la lectura de la sentencia, sólo cabía la posibilidad de que Franco conmutara la pena por otra de prisión. Numerosos jefes de Estado se pusieron en comunicación con él para hacerle esta petición, entre ellos el papa Juan XXIII y el líder soviético Nikita Jrushchov, lo que tampoco tenía precedentes: era la primera vez que un dirigente soviético se dirigía oficialmente al régimen franquista. Dentro de España, algunas personalidades cercanas al régimen pidieron también clemencia. El Consejo de Ministros, formado por 17 personas, se reunió el 19 de abril. Duró diez horas, aunque al parecer sólo Fernando Castiella, titular de Exteriores, y Vicente Fernández Bascarán, subsecretario del Ministerio de la Gobernación y ministro en funciones aquel día, manifestaron su oposición a la ejecución de la sentencia, alarmados por la presión internacional y las consecuencias que podía tener en la política exterior española. Su oposición fue sin embargo más bien tímida, ya que Franco finalmente exigió una votación y la decisión de firmar la sentencia se tomó por unanimidad.
Julián Grimau, entre tanto, pasaba en el cuartel militar del barrio de Campamento sus horas de capilla, es decir, las previas a la ejecución de la pena, en compañía de su abogado, de acuerdo con las ordenanzas militares. Hacia las 5 de la madrugada del 20 de abril, fue trasladado en una furgoneta al campo de tiro del cuartel, donde debía ejecutarse el fusilamiento. En principio, correspondía a la Guardia Civil formar el pelotón, pero sus mandos se negaron a hacerlo. El capitán general de Madrid rehusó también que el pelotón fuera integrado por militares de carrera, que era la segunda opción. Parece ser que fue el propio Franco quien dio la orden de que los ejecutores de Grimau fueran soldados de reemplazo, y así se hizo. Jóvenes, asustados y sin experiencia de tiro, según los testigos, dispararon a Grimau 27 balas sin lograr acabar con su vida. Fue el teniente que mandaba el pelotón quien hubo de rematar a Grimau de dos tiros en la cabeza. Según confesó años más tarde a la familia del fallecido, este acto le persiguió durante toda su vida, hasta el punto de que acabó sus días en un psiquiátrico. Julián Grimau fue enterrado en el cementerio civil de Madrid.
Con la llegada de la democracia, a partir de 1975, se abría teóricamente la posibilidad de revisar el caso Grimau y el de otras víctimas de la dictadura. Sin embargo, los acuerdos conocidos como Pactos de la Moncloa supusieron de facto una Ley de Punto Final y del silencio, de la que el PCE fue el mayor valedor. En términos generales, se procuraba olvidar los aspectos más oscuros del régimen anterior y enterrar definitivamente la memoria de la República y la guerra. En los años 1980, según testimonios de militantes del PCE y de familiares de Grimau, el ayuntamiento de Madrid, a la sazón dirigido por Enrique Tierno Galván, del Partido Socialista Obrero Español, propuso extraoficialmente rebautizar la avenida del Mediterráneo como avenida de Julián Grimau (existen calles y edificios públicos con el nombre de Grimau en numerosas ciudades fuera de España). El PCE se negó, mostrando así su voluntad de enterrar el asunto.
Desde mediados de los años 1990, sin embargo, la consolidación de la democracia y el tiempo transcurrido desde la guerra, además del fallecimiento de la mayoría de sus actores (lo que hacía menos conflictiva cualquier referencia a la misma), ha venido propiciando que se empezara a reivindicar en el ámbito parlamentario la memoria y reparación de los represaliados. Buena parte de las iniciativas en este sentido procedían y proceden de Izquierda Unida, coalición que integra a un PCE ya sin su antigua dirección -bajo el mando de Carrillo- y con las bases que la apoyaban muy mermadas. El 15 de abril de 2002, Izquierda Unida presentó una Proposición no de Ley sobre la rehabilitación pública y democrática de la figura de Julián Grimau, que recibió los votos a favor de todos los partidos con representación parlamentaria excepto el Partido Popular (PP), que a la sazón gobernaba con mayoría absoluta. El PP tenía una razón doble para oponerse y así lo expresó: por principio, es contrario a toda iniciativa política acerca de la guerra y sus consecuencias o el franquismo. En segundo lugar, preveía que el debate sobre Grimau tenía muchas posibilidades de convertirse además en un juicio público al ministro que defendió en todos los medios de comunicación su asesinato, Manuel Fraga, fundador del Partido Popular y entonces presidente de la comunidad autónoma de Galicia. En mayo de 2005, Izquierda Unida presentó una iniciativa similar en la Asamblea de Madrid (parlamento de la comunidad autónoma), para que dicha asamblea inste al gobierno a rehabilitar la figura de Julián Grimau. Esta iniciativa sí ha contado con el respaldo del PP, que cuenta con mayoría absoluta en la cámara.
Lluís Companys
Lluís Companys i Jover (Tarrós, 21 de junio de 1882 - Barcelona, 15 de octubre de 1940) es un político y abogado español, de ideología catalanista e independentista catalán, líder de Esquerra Republicana de Catalunya y presidente de la Generalidad de Cataluña desde 1934 y durante la Guerra Civil Española. Tras la guerra se hizo un firme partidario de la legalidad de la II República española, por lo que de facto abandonó su independentismo.
Exiliado tras la Guerra Civil, fue capturado y entregado al Estado español del Franquismo por la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi, siendo ejecutado por fusilamiento.
Liberado en 1936 tras la victoria del Frente Popular, en previsión de un posible golpe militar nombró al capitán Frederic Escofet como Comisario General de Orden Público de Cataluña.
Tras el fracaso del golpe de Estado del 18 de julio en Barcelona, Companys decidió dejar partir por el puerto de Barcelona en barcos extranjeros a unas cinco mil personas sospechosas de poca simpatía con el régimen republicano cuya seguridad no podía garantizar en el clima de desbordamiento por la gran cantidad de asesinatos que se produjeron en la retaguardia en los días posteriores.
Durante toda la guerra encabezó el Gobierno de Cataluña tratando de mantener la unidad entre los partidos y sindicatos que le apoyaban. Sin embargo, esto fue muy difícil por las tensiones entre comunistas y socialistas agrupados en el Partit Socialista Unificat de Catalunya y anarquistas de la Confederación Nacional del Trabajo, apoyados estos últimos por el POUM.
A partir de octubre de 1937 se sucedieron sus enfrentamientos con el Gobierno republicano de Juan Negrín, instalado en Barcelona, y en abril de 1938, tras la ocupación de Lérida, escribió una amarga carta al presidente del Gobierno español, quejándose de las arbitrariedades que estaba cometiendo y de la marginación que sufría el Gobierno catalán.
Tras la ocupación de Cataluña por las tropas franquistas, el 5 de febrero de 1939 se exilió a Perpiñán (Francia), trasladándose después a París para trabajar en la representación en el exilio de la Generalidad (Consell Nacional de Catalunya). Terminó sus días en La Baule-les-Pins (Loire-Atlantique) manteniéndose en Francia pese al peligro que corría en un intento por no perder el contacto con su hijo Lluís Companys i Micó (1911-1956), que padecía una grave enfermedad mental. Este hijo había sido fruto de su primer matrimonio con Mercè Micó, de la que se divorció para casarse con Carme Ballester, su segunda y última esposa. Fue allí donde fue arrestado por agentes alemanes de la Gestapo el 13 de agosto y extraditado el 29 de agosto de 1940.
La entrega al gobierno del general Franco se realizó a través de la frontera de Irún. Como había sido juzgado en rebeldía en aplicación retroactiva de la Ley de Responsabilidades Políticas (Conocida como la ley de la justicia al revés) por un tribunal especial de Barcelona sólo tuvo que ser juzgado y sentenciado por Adhesion a la rebelión militar, en una jornada en consejo de guerra por un tribunal militar sumarísimo sin garantías. Fue sin dilación fusilado en el foso de santa Eulàlia del Castillo de Montjuic, el día 15 de octubre de 1940. No quiso que se le pusiera una venda en los ojos y se dice que murió diciendo:
Assessineu un home honrat. Per Catalunya!!! ("Asesinais a un hombre honrado. ¡¡¡Por Cataluña!!!".)
Exiliado tras la Guerra Civil, fue capturado y entregado al Estado español del Franquismo por la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi, siendo ejecutado por fusilamiento.
Liberado en 1936 tras la victoria del Frente Popular, en previsión de un posible golpe militar nombró al capitán Frederic Escofet como Comisario General de Orden Público de Cataluña.
Tras el fracaso del golpe de Estado del 18 de julio en Barcelona, Companys decidió dejar partir por el puerto de Barcelona en barcos extranjeros a unas cinco mil personas sospechosas de poca simpatía con el régimen republicano cuya seguridad no podía garantizar en el clima de desbordamiento por la gran cantidad de asesinatos que se produjeron en la retaguardia en los días posteriores.
Durante toda la guerra encabezó el Gobierno de Cataluña tratando de mantener la unidad entre los partidos y sindicatos que le apoyaban. Sin embargo, esto fue muy difícil por las tensiones entre comunistas y socialistas agrupados en el Partit Socialista Unificat de Catalunya y anarquistas de la Confederación Nacional del Trabajo, apoyados estos últimos por el POUM.
A partir de octubre de 1937 se sucedieron sus enfrentamientos con el Gobierno republicano de Juan Negrín, instalado en Barcelona, y en abril de 1938, tras la ocupación de Lérida, escribió una amarga carta al presidente del Gobierno español, quejándose de las arbitrariedades que estaba cometiendo y de la marginación que sufría el Gobierno catalán.
Tras la ocupación de Cataluña por las tropas franquistas, el 5 de febrero de 1939 se exilió a Perpiñán (Francia), trasladándose después a París para trabajar en la representación en el exilio de la Generalidad (Consell Nacional de Catalunya). Terminó sus días en La Baule-les-Pins (Loire-Atlantique) manteniéndose en Francia pese al peligro que corría en un intento por no perder el contacto con su hijo Lluís Companys i Micó (1911-1956), que padecía una grave enfermedad mental. Este hijo había sido fruto de su primer matrimonio con Mercè Micó, de la que se divorció para casarse con Carme Ballester, su segunda y última esposa. Fue allí donde fue arrestado por agentes alemanes de la Gestapo el 13 de agosto y extraditado el 29 de agosto de 1940.
La entrega al gobierno del general Franco se realizó a través de la frontera de Irún. Como había sido juzgado en rebeldía en aplicación retroactiva de la Ley de Responsabilidades Políticas (Conocida como la ley de la justicia al revés) por un tribunal especial de Barcelona sólo tuvo que ser juzgado y sentenciado por Adhesion a la rebelión militar, en una jornada en consejo de guerra por un tribunal militar sumarísimo sin garantías. Fue sin dilación fusilado en el foso de santa Eulàlia del Castillo de Montjuic, el día 15 de octubre de 1940. No quiso que se le pusiera una venda en los ojos y se dice que murió diciendo:
Assessineu un home honrat. Per Catalunya!!! ("Asesinais a un hombre honrado. ¡¡¡Por Cataluña!!!".)
Ejecuciones en Badajoz durante la Guerra Civil
La masacre de Badajoz se produjo en los días posteriores a la Batalla de Badajoz, durante la Guerra Civil Española, y fue el resultado de la represión ejercida por el ejército sublevado contra civiles y militares defensores de la II República, tras la toma de la ciudad de Badajoz por las fuerzas sublevadas contra la II República española, que se llevó a cabo el 14 de agosto de 1936 por la noche y el 15 de agosto de 1936 por la mañana.
Constituye uno de los sucesos más controvertidos de la guerra, pues el número de víctimas de esta matanza varía ostensiblemente dependiendo de los historiadores que la han investigado. Además, al resultar vencedor de la contienda el bando sublevado, jamás se produjo una investigación oficial sobre lo sucedido en la ciudad extremeña. En cualquier caso, las estimaciones más comunes apuntan que entre 2.000 y 4.000 personas fueron ejecutadas, en unos hechos tipificados por varias asociaciones de derechos humanos como crímenes contra la humanidad. También se considera probado que se cometió genocidio, y desde 2007 existen varias denuncias interpuestas para tal consideración.
Al mando de las tropas que perpetraron la masacre de Badajoz se encontraba el general Juan Yagüe, quien, tras la guerra civil, fue nombrado ministro del Aire por el general Franco. A partir de estos hechos, Yagüe fue popularmente conocido como el carnicero de Badajoz.
Según el censo, Badajoz tenía 41.122 habitantes en 1930, por lo que de ser correcta la cifra de 4.000 ejecutados, el porcentaje de represaliados alcanzaría el 10% de la población.
La ocupación de Badajoz formó parte del avance desde Andalucía del ejército sublevado hacia el norte de la península. Su asalto era vital para ellos, pues significaba la unión del ejército del sur con el del general Mola que dominaba el norte. La ciudad se encontraba aislada tras la caída de Mérida unos días antes. El asedio fue llevado a cabo por 2.250 legionarios, 750 regulares marroquíes, y cinco baterías de artillería, al mando del entonces teniente coronel Juan Yagüe. El ataque final se produjo la tarde del 14 de agosto, tras bombardear la ciudad por tierra (a través de la artillería) y aire (mediante bombarderos alemanes Junkers Ju 87, los famosos Stukas) durante la mayor parte del día. El recinto amurallado era defendido por unos 3.000 milicianos republicanos y 500 soldados, al mando del coronel Ildefonso Puigdendolas. Tras abrir una brecha en las murallas por el este, junto a la Puerta de la Trinidad, y lograr el acceso también a la alcazaba, por la Puerta de Carros, se produjo una encarnizada lucha cuerpo a cuerpo, y la ciudad cayó en manos del ejército sublevado.
La situación en Extremadura al estallar la guerra civil el 18 de julio de 1936, contenía una serie de aditamentos que la diferenciaban del resto del país, especialmente debido a la Ley de Reforma Agraria, que otorgó a los campesinos (más del 50% de la población activa) la posibilidad de ser dueños de las tierras que trabajaban, a través de la expropiación a los latifundistas y que produjo un enorme enfrentamiento entre clases sociales, sobre todo cuando en marzo los campesinos de Badajoz decidieron acelerar la entrada en vigor de la ley e invadieron las fincas a las que iba a afectar.
Desde el estallido de la guerra, se habían producido en la zona algunos sangrientos sucesos, denominados como "represión republicana" que resultaron fatales para el desenlace de Badajoz, pues generales como Queipo de Llano o Juan Yagüe promovieron acciones criminales ejemplarizantes para castigar estas matanzas.
Tanto el historiador Francisco Espinosa (La columna de la muerte, 2001), como el ex alcalde socialista y hoy diputado provincial Cayetano Ibarra (La otra mitad de la historia que nos contaron, 2005), relatan estos hechos, especialmente Cayetano Ibarra, que escribe en el libro citado:
Localidades como Almendralejo, Azuaga, Burguillos del Cerro, Campanario, Campillo de Llerena, Quintana, etc., fueron escenarios de la represión republicana en los primeros momentos del alzamiento. Pero en ninguno de estos lugares, como en Fuente de Cantos, los hechos ocurridos como reacción de las izquierdas ante la sublevación militar, se producen de forma tan inmediata.
Los hechos a los que se refiere el texto fueron el encierro de 56 personas en una iglesia de Fuente de Cantos, y la quema posterior de ésta, entre el 18 y 19 de julio de 1936. Perecieron 12 personas, ocho de ellas quemadas. Según cuenta Cayetano Ibarra en este libro, las tropas franquistas, tras la toma del pueblo, matarían a unas 300 personas.
Esta operación se repitió en Almendralejo el 7 de agosto con los encerrados en la cárcel, de los que 28 fueron ejecutados, y en Badajoz, donde también se produjeron ejecuciones entre los partidarios del bando franquista.
Durante toda la jornada, se produjeron asesinatos por las calles de la ciudad, incluso de bebés de escasos meses, sobre todo a cargo de legionarios moros. El mismo día 14, Yagüe ordenó el confinamiento de todos los prisioneros -la mayoría civiles- en la plaza de toros. Se instalaron focos en los tendidos para iluminar la arena, y esa noche, comenzaron las ejecuciones indiscriminadas y sin juicios previos. Según artículos publicados por los corresponsales de Le Populaire, Le Temps, Le Figaro, Paris-Soir, Diário de Lisboa y Chicago Tribune se produjeron ejecuciones en masa, y las calles aparecían sembradas de cadáveres. Durante la primera jornada, existen testimonios de que hubo mil fusilados. El periodista norteamericano Jay Allen, en su crónica para el Chicago Tribune habló de 1.800 víctimas (hombres y mujeres) sólo la primera noche.
El 15 de agosto, el enviado de Le Temps, Jacques Berthet, enviaba su crónica:
"alrededor de mil doscientas personas han sido fusiladas (…) Hemos visto las aceras de la Comandancia Militar empapadas de sangre (…) Los arrestos y las ejecuciones en masa continúan en la Plaza de Toros. Las calles de la ciudad están acribilladas de balas, cubiertas de vidrios, de tejas y de cadáveres abandonados. Sólo en la calle de San Juan hay trescientos cuerpos (…)".
El 18 de agosto, Le Populaire publicaba:
«Elvas, 17 de agosto. Durante toda la tarde de ayer y toda la mañana de hoy continúan las ejecuciones en masa en Badajoz. Se estima que el número de personas ejecutadas sobrepasa ya los mil quinientos. Entre las víctimas excepcionales figuran varios oficiales que defendieron la ciudad contra la entrada de los rebeldes: el coronel Cantero, el comandante Alonso, el capitán Almendro, el teniente Vega y un cierto número de suboficiales y soldados. Al mismo tiempo, y por decenas, han sido fusilados los civiles cerca de las arenas».
El martes 18 de agosto, el Premio Nobel de Literatura francés François Mauriac, publicó en primera plana de Le Figaro un artículo sobre los sucesos de Badajoz que conmocionó a Europa. El 30 de agosto apareció en el Chicago Tribune el famoso artículo de Jay Allen (ver recuadro inferior), en el que narró con gran crudeza los terribles sucesos que había presenciado durante su estancia en la ciudad.
El periodista portugués Mário Neves fue uno de los testigos de primera mano de los sucesos de Badajoz, en las crónicas que remitió al Diário de Lisboa, algunas de las cuales fueron censuradas por el gobierno de António de Oliveira Salazar, afín al bando franquista. Neves regresó a Portugal horrorizado por el espectáculo del que había sido testigo, y se juró no volver jamás a Badajoz, pero lo hizo en 1982, para recorrer los lugares donde presenció estos hechos en un documental para televisión.
El método para las ejecuciones fue el fusilamiento o ametrallamiento indiscriminado en grupo de personas participantes en la defensa de la ciudad o sospechosas de simpatizar con la República. Fueron llevadas a cabo por los legionarios y regulares moros procedentes del norte de África, fuerzas de la Guardia Civil y mandos locales de Falange Española (sobre este punto hay diversas versiones que apuntan que los regulares moros no participaron en la represión, pues partieron inmediatamente al frente). Posteriormente, la mayoría de los cuerpos fueron quemados junto a las tapias del Cementerio de San Juan. Según testimonios de algunos supervivientes, los fusilamientos se producían en grupos de 20, y luego se trasladaban los cadáveres en camiones al antiguo cementerio, donde eran incinerados y posteriormente depositados en fosas comunes. También se produjeron fusilamientos en otras zonas de la ciudad. Entre los represaliados se encontraban hombres y mujeres afectos a la República, obreros, campesinos, militares que participaron en la batalla, autoridades locales o simples sospechosos.
Tras la caída de la ciudad, el alcalde Sinforiano Madroñero y el diputado Nicolás de Pablo, ambos socialistas, cruzaron la frontera y huyeron a Portugal, pero fueron localizados por efectivos del régimen portugués y entregados a las tropas franquistas, que los fusilaron en Badajoz el 20 de agosto, frente a un frontón y sin juicio previo.
Posteriormente aparecieron testimonios, publicados el 27 de octubre por el diario La Voz, de Madrid, de que los fusilamientos en la plaza de toros fueron convertidos en una fiesta por los ejecutores, con público en sus gradas presenciando las matanzas, y que incluso algunas víctimas fueron banderilleadas y mutiladas, aunque este extremo nunca pudo ser verificado. En cambio, sí existen evidencias del sadismo con que fue llevado a cabo el exterminio. Tras conocer estos hechos, la propaganda franquista publicitó algunas leyendas y mitos para intentar ocultar la masacre, y algunos de los cronistas internacionales fueron desprestigiados o amenazados.
Constituye uno de los sucesos más controvertidos de la guerra, pues el número de víctimas de esta matanza varía ostensiblemente dependiendo de los historiadores que la han investigado. Además, al resultar vencedor de la contienda el bando sublevado, jamás se produjo una investigación oficial sobre lo sucedido en la ciudad extremeña. En cualquier caso, las estimaciones más comunes apuntan que entre 2.000 y 4.000 personas fueron ejecutadas, en unos hechos tipificados por varias asociaciones de derechos humanos como crímenes contra la humanidad. También se considera probado que se cometió genocidio, y desde 2007 existen varias denuncias interpuestas para tal consideración.
Al mando de las tropas que perpetraron la masacre de Badajoz se encontraba el general Juan Yagüe, quien, tras la guerra civil, fue nombrado ministro del Aire por el general Franco. A partir de estos hechos, Yagüe fue popularmente conocido como el carnicero de Badajoz.
Según el censo, Badajoz tenía 41.122 habitantes en 1930, por lo que de ser correcta la cifra de 4.000 ejecutados, el porcentaje de represaliados alcanzaría el 10% de la población.
La ocupación de Badajoz formó parte del avance desde Andalucía del ejército sublevado hacia el norte de la península. Su asalto era vital para ellos, pues significaba la unión del ejército del sur con el del general Mola que dominaba el norte. La ciudad se encontraba aislada tras la caída de Mérida unos días antes. El asedio fue llevado a cabo por 2.250 legionarios, 750 regulares marroquíes, y cinco baterías de artillería, al mando del entonces teniente coronel Juan Yagüe. El ataque final se produjo la tarde del 14 de agosto, tras bombardear la ciudad por tierra (a través de la artillería) y aire (mediante bombarderos alemanes Junkers Ju 87, los famosos Stukas) durante la mayor parte del día. El recinto amurallado era defendido por unos 3.000 milicianos republicanos y 500 soldados, al mando del coronel Ildefonso Puigdendolas. Tras abrir una brecha en las murallas por el este, junto a la Puerta de la Trinidad, y lograr el acceso también a la alcazaba, por la Puerta de Carros, se produjo una encarnizada lucha cuerpo a cuerpo, y la ciudad cayó en manos del ejército sublevado.
La situación en Extremadura al estallar la guerra civil el 18 de julio de 1936, contenía una serie de aditamentos que la diferenciaban del resto del país, especialmente debido a la Ley de Reforma Agraria, que otorgó a los campesinos (más del 50% de la población activa) la posibilidad de ser dueños de las tierras que trabajaban, a través de la expropiación a los latifundistas y que produjo un enorme enfrentamiento entre clases sociales, sobre todo cuando en marzo los campesinos de Badajoz decidieron acelerar la entrada en vigor de la ley e invadieron las fincas a las que iba a afectar.
Desde el estallido de la guerra, se habían producido en la zona algunos sangrientos sucesos, denominados como "represión republicana" que resultaron fatales para el desenlace de Badajoz, pues generales como Queipo de Llano o Juan Yagüe promovieron acciones criminales ejemplarizantes para castigar estas matanzas.
Tanto el historiador Francisco Espinosa (La columna de la muerte, 2001), como el ex alcalde socialista y hoy diputado provincial Cayetano Ibarra (La otra mitad de la historia que nos contaron, 2005), relatan estos hechos, especialmente Cayetano Ibarra, que escribe en el libro citado:
Localidades como Almendralejo, Azuaga, Burguillos del Cerro, Campanario, Campillo de Llerena, Quintana, etc., fueron escenarios de la represión republicana en los primeros momentos del alzamiento. Pero en ninguno de estos lugares, como en Fuente de Cantos, los hechos ocurridos como reacción de las izquierdas ante la sublevación militar, se producen de forma tan inmediata.
Los hechos a los que se refiere el texto fueron el encierro de 56 personas en una iglesia de Fuente de Cantos, y la quema posterior de ésta, entre el 18 y 19 de julio de 1936. Perecieron 12 personas, ocho de ellas quemadas. Según cuenta Cayetano Ibarra en este libro, las tropas franquistas, tras la toma del pueblo, matarían a unas 300 personas.
Esta operación se repitió en Almendralejo el 7 de agosto con los encerrados en la cárcel, de los que 28 fueron ejecutados, y en Badajoz, donde también se produjeron ejecuciones entre los partidarios del bando franquista.
Durante toda la jornada, se produjeron asesinatos por las calles de la ciudad, incluso de bebés de escasos meses, sobre todo a cargo de legionarios moros. El mismo día 14, Yagüe ordenó el confinamiento de todos los prisioneros -la mayoría civiles- en la plaza de toros. Se instalaron focos en los tendidos para iluminar la arena, y esa noche, comenzaron las ejecuciones indiscriminadas y sin juicios previos. Según artículos publicados por los corresponsales de Le Populaire, Le Temps, Le Figaro, Paris-Soir, Diário de Lisboa y Chicago Tribune se produjeron ejecuciones en masa, y las calles aparecían sembradas de cadáveres. Durante la primera jornada, existen testimonios de que hubo mil fusilados. El periodista norteamericano Jay Allen, en su crónica para el Chicago Tribune habló de 1.800 víctimas (hombres y mujeres) sólo la primera noche.
El 15 de agosto, el enviado de Le Temps, Jacques Berthet, enviaba su crónica:
"alrededor de mil doscientas personas han sido fusiladas (…) Hemos visto las aceras de la Comandancia Militar empapadas de sangre (…) Los arrestos y las ejecuciones en masa continúan en la Plaza de Toros. Las calles de la ciudad están acribilladas de balas, cubiertas de vidrios, de tejas y de cadáveres abandonados. Sólo en la calle de San Juan hay trescientos cuerpos (…)".
El 18 de agosto, Le Populaire publicaba:
«Elvas, 17 de agosto. Durante toda la tarde de ayer y toda la mañana de hoy continúan las ejecuciones en masa en Badajoz. Se estima que el número de personas ejecutadas sobrepasa ya los mil quinientos. Entre las víctimas excepcionales figuran varios oficiales que defendieron la ciudad contra la entrada de los rebeldes: el coronel Cantero, el comandante Alonso, el capitán Almendro, el teniente Vega y un cierto número de suboficiales y soldados. Al mismo tiempo, y por decenas, han sido fusilados los civiles cerca de las arenas».
El martes 18 de agosto, el Premio Nobel de Literatura francés François Mauriac, publicó en primera plana de Le Figaro un artículo sobre los sucesos de Badajoz que conmocionó a Europa. El 30 de agosto apareció en el Chicago Tribune el famoso artículo de Jay Allen (ver recuadro inferior), en el que narró con gran crudeza los terribles sucesos que había presenciado durante su estancia en la ciudad.
El periodista portugués Mário Neves fue uno de los testigos de primera mano de los sucesos de Badajoz, en las crónicas que remitió al Diário de Lisboa, algunas de las cuales fueron censuradas por el gobierno de António de Oliveira Salazar, afín al bando franquista. Neves regresó a Portugal horrorizado por el espectáculo del que había sido testigo, y se juró no volver jamás a Badajoz, pero lo hizo en 1982, para recorrer los lugares donde presenció estos hechos en un documental para televisión.
El método para las ejecuciones fue el fusilamiento o ametrallamiento indiscriminado en grupo de personas participantes en la defensa de la ciudad o sospechosas de simpatizar con la República. Fueron llevadas a cabo por los legionarios y regulares moros procedentes del norte de África, fuerzas de la Guardia Civil y mandos locales de Falange Española (sobre este punto hay diversas versiones que apuntan que los regulares moros no participaron en la represión, pues partieron inmediatamente al frente). Posteriormente, la mayoría de los cuerpos fueron quemados junto a las tapias del Cementerio de San Juan. Según testimonios de algunos supervivientes, los fusilamientos se producían en grupos de 20, y luego se trasladaban los cadáveres en camiones al antiguo cementerio, donde eran incinerados y posteriormente depositados en fosas comunes. También se produjeron fusilamientos en otras zonas de la ciudad. Entre los represaliados se encontraban hombres y mujeres afectos a la República, obreros, campesinos, militares que participaron en la batalla, autoridades locales o simples sospechosos.
Tras la caída de la ciudad, el alcalde Sinforiano Madroñero y el diputado Nicolás de Pablo, ambos socialistas, cruzaron la frontera y huyeron a Portugal, pero fueron localizados por efectivos del régimen portugués y entregados a las tropas franquistas, que los fusilaron en Badajoz el 20 de agosto, frente a un frontón y sin juicio previo.
Posteriormente aparecieron testimonios, publicados el 27 de octubre por el diario La Voz, de Madrid, de que los fusilamientos en la plaza de toros fueron convertidos en una fiesta por los ejecutores, con público en sus gradas presenciando las matanzas, y que incluso algunas víctimas fueron banderilleadas y mutiladas, aunque este extremo nunca pudo ser verificado. En cambio, sí existen evidencias del sadismo con que fue llevado a cabo el exterminio. Tras conocer estos hechos, la propaganda franquista publicitó algunas leyendas y mitos para intentar ocultar la masacre, y algunos de los cronistas internacionales fueron desprestigiados o amenazados.
Aunque debido a los años transcurridos apenas quedan supervivientes entre los testigos de estos sucesos, el historiador pacense Francisco Pilo localizó a varios de ellos y plasmó sus testimonios en uno de sus libros, Ellos lo vivieron, entre los que destaca el de un empleado del ayuntamiento:
La guardia civil fue a buscarlo a su casa a las tres de la madrugada del 15 de agosto, "porque había trabajo". (...) Uno de los civiles dijo que cogiera el camión del corral, que nos teníamos que ir a la plaza de toros. (...) A las tres y media llegaron a la plaza. "Dentro del ruedo, a mano izquierda, había varios muertos en fila y nos dijeron que los cargáramos en el camión y nos los lleváramos al cementerio". Volvieron a la plaza y dentro "había más muertos, pero no todos juntos, sino un montón aquí y otro más allá. Después supe que los sacaban por tandas y los iban fusilando. Aquel día dimos por lo menos seis viajes".
La masacre de Badajoz tuvo una gran influencia en el desarrollo de la guerra. La publicación en la prensa extranjera de estos sucesos ocasionó que Franco a partir de entonces ordenase el cese de matanzas que pudieran tener gran trascendencia mediática y perjudicase la imagen de los sublevados, y por otro lado, la propaganda republicana publicitó enormemente este hecho, convirtiéndolo en justificante de otros sucesos posteriores, como las matanzas de Paracuellos.
A raíz de estos hechos, el oficial nazi Hans Von Funk, uno de los pocos militares de alta graduación alemanes que estuvieron presentes en las operaciones del Ejército Sur, envió un informe a Berlín en el que desaconsejaba el envío de tropas regulares alemanas a España, porque, textualmente: "él es un soldado acostumbrado a la lucha, que ha combatido en Francia durante la Gran Guerra, pero que jamás ha contemplado la brutalidad y la ferocidad con que el Ejército Expedicionario de África desarrolla sus operaciones. Por ello desaconseja el envío de tropas regulares alemanas a España, porque, ante tal salvajismo, los soldados alemanes se desmoralizarían."
La guardia civil fue a buscarlo a su casa a las tres de la madrugada del 15 de agosto, "porque había trabajo". (...) Uno de los civiles dijo que cogiera el camión del corral, que nos teníamos que ir a la plaza de toros. (...) A las tres y media llegaron a la plaza. "Dentro del ruedo, a mano izquierda, había varios muertos en fila y nos dijeron que los cargáramos en el camión y nos los lleváramos al cementerio". Volvieron a la plaza y dentro "había más muertos, pero no todos juntos, sino un montón aquí y otro más allá. Después supe que los sacaban por tandas y los iban fusilando. Aquel día dimos por lo menos seis viajes".
La masacre de Badajoz tuvo una gran influencia en el desarrollo de la guerra. La publicación en la prensa extranjera de estos sucesos ocasionó que Franco a partir de entonces ordenase el cese de matanzas que pudieran tener gran trascendencia mediática y perjudicase la imagen de los sublevados, y por otro lado, la propaganda republicana publicitó enormemente este hecho, convirtiéndolo en justificante de otros sucesos posteriores, como las matanzas de Paracuellos.
A raíz de estos hechos, el oficial nazi Hans Von Funk, uno de los pocos militares de alta graduación alemanes que estuvieron presentes en las operaciones del Ejército Sur, envió un informe a Berlín en el que desaconsejaba el envío de tropas regulares alemanas a España, porque, textualmente: "él es un soldado acostumbrado a la lucha, que ha combatido en Francia durante la Gran Guerra, pero que jamás ha contemplado la brutalidad y la ferocidad con que el Ejército Expedicionario de África desarrolla sus operaciones. Por ello desaconseja el envío de tropas regulares alemanas a España, porque, ante tal salvajismo, los soldados alemanes se desmoralizarían."
Las Madres de Plaza de Mayo
Las Madres de Plaza de Mayo es una asociación formada durante el último gobierno militar de la RepúblicaArgentina con el fin de recuperar con vida a los detenidos desaparecidos, inicialmente, y luego establecer quiénes fueron los responsables de los actos de esa humanidad y promover su enjuiciamiento. Posteriormente tratan de continuar lo que ellas entienden como la lucha que intentaron llevar a cabo sus hijos, mediante la ONG Asociación Madres de Plaza de Mayo, con su Radio, Universidad, Café literario, Plan de vivienda social, Guardería infantil y Programa de televisión.
Las Madres de Plaza de Mayo se encuentran divididas en dos grupos, el grupo mayoritario presidido por Hebe de Bonafini y denominado Madres de Plaza de Mayo, y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, presidido por Marta Ocampo de Vásquez.
Las diferencias de la separación fueron políticas, con críticas a la conducción de Hebe de Bonafini sobre la Asociación por supuesta falta de democracia interna y personalismo. Las otras madres en cambio acusaron a Linea fundadora de pertenecer al partido político oficialista y sus aliados, y de apoyar al presidente argentino de ese momento, Raúl Alfonsín.
Por otra parte la agrupación Madres de Plaza de Mayo no acepta la reparación histórica monetaria, porque no reconoce la muerte de los detenidos-desaparecidos.
Línea Fundadora representa a las madres y familiares que recibieron las reparaciones establecidas por la Ley 24.411 (que incluyó una indemnización económica rechazada por la otra agrupación de las Madres) y aceptan la Ley 24.231 que crea la figura del detenido-desaparecido, Así como sobre la necesidad de preservar la memoria y tener en vista perspectivas históricas.
También ofrecieron la reparación económica, doscientos cincuenta mil dólares por cada desaparecido. El que tiene tres o cuatro como alguna de nosotras... millonarias, sin hijos, sin justicia, pero millonarias. Dijimos ¡no! ¡La vida de un joven no puede tener precio, y menos la de un revolucionario! ¡Jamás vamos a aceptar la reparación económica! Hebe de Bonafini.
Los hijos de las Madres desaparecieron durante el Proceso de Reorganización Nacional entre 1976 y 1983 (entregaron el poder a Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983).
La cifra de personas detenidas desaparecidas se estima en 30.000. Es el número que obtuvieron los organismos de derechos humanos a partir de las denuncias y la estimación de casos no denunciados. Según el libro Nunca Más, informe de la Comisión Nacional de Desaparecidos, las víctimas del terrorismo de Estado fueron 9000 personas, por que solo cuentan los denunciados hasta 1983.
El comienzo del reclamo nació como una iniciativa de madres de detenidos y desaparecidos el 30 de abril de 1977 en Buenos Aires. Su objetivo inicial era poder tener una audiencia con el Presidente de facto argentino Jorge Rafael Videla. Para ello se reunieron en la Plaza de Mayo y efectuaron una manifestación pública pacífica pidiendo saber el paradero de sus hijos. La elección de la Plaza de Mayo se debe a que está situada frente a la Casa Rosada, sede de la Presidencia y lugar donde tradicionalmente se han efectuado manifestaciones políticas.
La idea surgió mientras el grupo inicial de madres estaba esperando que las atendiera el secretario del Vicario Castrense. Una de ellas, Azucena Villaflor de Devincenti, propuso entonces:
"Individualmente no vamos a conseguir nada. ¿Por qué no vamos todas a la Plaza de Mayo? Cuando vea que somos muchas, Videla tendrá que recibirnos."
Ese mismo día, 14 madres iniciaron una jornada a la cual, con el paso del tiempo, se acercarían otras madres afectadas. Desde entonces, todos los jueves repetirían una caminata (originada cuando las fuerzas de seguridad les exigieron "circular" por causa del estado de sitio) alrededor de la pirámide central de la plaza.
Entre aquellas primeras Madres estuvieron: Azucena Villaflor de Devincenti, Berta Braverman, Haydée García Buelas, María Adela Gard de Antokoletz, Julia Gard, María Mercedes Gard y Cándida Gard (4 hermanas), Delicia González, Pepa Noia, Mirta Baravalle, Kety Neuhaus, Raquel Arcushin, Sra. De Caimi y una joven que no dio su nombre. Al viernes siguiente aparecieron más madres, entre ellas Hebe de Bonafini, de la ciudad de La Plata. La presencia de las madres en la Plaza era conocida por comentarios de boca en boca, puesto que así como no existían los "desaparecidos" para la prensa, tampoco existían las Madres. Al tercer día se cambió el viernes por el jueves. Acordaron que fueran los jueves de 15:30 a 16:00 hs. de la tarde por ser un día y una hora en la que transitaba mucha gente por la Plaza, ellas permanecían en grupo y de pie sin caminar. Fueron los policías que custodiaban la plaza quienes les indicaron que marcharan de a dos porque como el país estaba bajo Estado de Sitio estaban prohibidos los grupos de tres o más personas. Comenzaron las marchas alrededor de la pirámide de Mayo, símbolo de la Libertad, que continúan aún hoy. Para reconocerse, comenzaron a usar un pañuelo blanco en la cabeza hecho en un principio con tela de los pañales que se usan para bebés, representando así a los hijos. Ese pañuelo se convirtió en su símbolo. Las Madres intentaron dar a conocer sus dramas y así participaron de marchas religiosas numerosas y populares en las cuales era conveniente que pudieran reconocerse.
Entre el jueves 8 de diciembre y el sábado 10 de diciembre de 1977 un grupo de militares bajo el mando de Alfredo Astiz secuestró a un grupo de 12 personas vinculadas a la Madres de Plaza de Mayo . Al secuestrarse a las primeras dos madres, Hebe de Bonafini opinó ante Azucena Villaflor, una de las fundadoras de la organización, la necesidad de suspender la solicitada en el diario que iba a publicarse, hasta que se encontraran a las madres. Villaflor se opuso, expresando que a ellas las buscarían, pero mientras tanto no habría quién buscara a los hijos. Finalmente al día siguiente fue secuestrada en la esquina de su casa en Avellaneda por el Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada. Volvía de comprar el diario donde las Madres habían publicado su primer solicitada.
"la desaparición de Azucena, de Mary y de Esther, casi nos hizo tambalear a este grupo que recién se armaba. Lo hicieron para liquidarnos, ellos no pensaron que nosotras íbamos a seguir. De esas Madres lo que hay que saber es que se llevaron las tres mejores Madres que teníamos, porque nosotras veníamos todas de no saber nada, (...) Azucena venía de una familia peronista muy combativa, que ya había vivido mucha presión la familia Villaflor, ella ya había sido sindicalista, trabajaba en una compañía de telefonía y era del sindicato; Mary Ponce trabajaba en la base de la Iglesia del Tercer Mundo y Esther Balestrino de Careaga era una bioquímica que venía huyendo de Paraguay, ella vino y nos dijo que se llamaba Teresa (...) ella era una mujer super inteligente. Ella siempre me enseñaba muchas cosas, me decía “mirá Hebe, cuando vos vas a una reunión y hay uno con un micrófono, te tenés que dar cuenta que ese es el que va a dirigir la reunión y la va a mandar, porque el micrófono le da el poder, pero vos sabés qué tenés que hacer, aunque sea pararte arriba de una mesa, pero no lo dejes porque vos tenés fuerza para eso” y un día yo la vi a ella en una reunión en Familiares parada arriba de una silla discutiéndole a Cata Guagnini, por el tema del micrófono.[tiempo después] apareció la hija y ella siguió con las Madres. Nosotras le decíamos que teníamos miedo, porque le decíamos que “si apareció tu hija, ahora qué va a pasar”, pero le había quedado el yerno desaparecido. Ella tenía un convencimiento político impresionante: conocía todo, sabía de todo, te explicaba todo."
El grupo completo secuestrado estaba integrado por Azucena Villaflor de Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco (las tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo), las monjas Alice Domon y Léonie Duquet, y siete activistas de derechos humanos.
A pesar de este hecho, las madres continuaron la lucha, hasta hacerse reconocibles durante la realización del Mundial de Fútbol de 1978 en Argentina, cuando periodistas internacionales empezaron a entrevistarlas y dieron a conocer su movimiento.Según Hebe de Bonafini:
"Para mí, una de las cosas más importantes es que Holanda haya pasado en vez del mundial (Argentina ’78) la marcha de las Madres, porque era jueves y ahí nos conoció el mundo. Yo creo que eso fue un cimbronazo muy grande para las Madres porque inmediatamente las mujeres de Holanda nos escribieron y nos dijeron “estamos a su disposición”, y ellas juntaron el dinero para que tengamos la primer casa, porque si no tan desboladas y tan desarmadas como estábamos yendo a las iglesias que nos pateaban o yendo a un confitería de la que nos teníamos que ir temprano porque si no nos llevaban presas, no sé si hubiéramos podido durar porque estuvimos tres años sin tener dónde reunirnos"[1]
Entre los años 1978-1979 Las Madres comienzan a salir al exterior para hacer conocer el drama de los desaparecidos y solicitar que se aislara a la Dictadura Argentina, primero a Europa y luego a EEUU Fueron escuchada e invitadas. Amnesty International patrocinó un viaje en 1979 que abarcó 9 países para exponer ante gobernantes de Europa y los Estados Unidos la situación real en la República Argentina.
También para nosotras nos marcó muchísimo el primer viaje que hicimos, animarnos a salir a Europa cuando nadie salía.Yo pienso también que cuando se fueron formando los grupos de solidaridad fueron todos lazos de contención muy fuerte para las Madres, tal vez la gente no se dio cuenta, el Frente de Apoyo a las Madres y los grupos de apoyo en distintas partes de Europa.[2]
En 1980 empieza a crearse por las madres la idea de que aún si los desaparecidos estuvieran muertos, se seguirá buscando el esclarecimiento como si siguieran vivos, porque el delito es constante hasta que no aparezca el cuerpo, concepto que después evolucionaria en la idea de que la víctimas que no están, no son solo las que fueron eliminadas por la dictadura, sino que ellas representan a todos los que lucharon contra el poder.
En 1980, Emilio Mignone y Adolfo Pérez Esquivel, con la convicción de que Los desaparecidos "estaban todos muertos", salieron al mundo a decir que ya no había más nada que hacer, que en 1979, cuando vino la Comisión de Derechos Humanos, se había hecho el "blanqueo" de los campos de concentración. Nosotras estábamos en Suecia, y empezamos a decir "no podemos bancar que los civiles, que el Premio Nobel, digan que están ‘todos muertos’. ¡De ninguna manera, tenemos que sacar una declaración, nadie nos dijo qué pasó con ellos, no podemos aceptar la muerte de nuestros hijos". Y el 5 de diciembre de 1980 sacamos la famosa frase, de cuestionamiento a un sistema perverso: "Aparición con vida", porque no hemos de dejar morir a nuestros hijos, "Aparición con vida" en cada lugar donde un hombre o una mujer pelean y luchan y levantan un fusil para defenderse, ahí están ellos ¡"Aparición con vida"! ¡De verdad, no es una utopía ni una locura!
Las Madres de Plaza de Mayo se encuentran divididas en dos grupos, el grupo mayoritario presidido por Hebe de Bonafini y denominado Madres de Plaza de Mayo, y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, presidido por Marta Ocampo de Vásquez.
Las diferencias de la separación fueron políticas, con críticas a la conducción de Hebe de Bonafini sobre la Asociación por supuesta falta de democracia interna y personalismo. Las otras madres en cambio acusaron a Linea fundadora de pertenecer al partido político oficialista y sus aliados, y de apoyar al presidente argentino de ese momento, Raúl Alfonsín.
Por otra parte la agrupación Madres de Plaza de Mayo no acepta la reparación histórica monetaria, porque no reconoce la muerte de los detenidos-desaparecidos.
Línea Fundadora representa a las madres y familiares que recibieron las reparaciones establecidas por la Ley 24.411 (que incluyó una indemnización económica rechazada por la otra agrupación de las Madres) y aceptan la Ley 24.231 que crea la figura del detenido-desaparecido, Así como sobre la necesidad de preservar la memoria y tener en vista perspectivas históricas.
También ofrecieron la reparación económica, doscientos cincuenta mil dólares por cada desaparecido. El que tiene tres o cuatro como alguna de nosotras... millonarias, sin hijos, sin justicia, pero millonarias. Dijimos ¡no! ¡La vida de un joven no puede tener precio, y menos la de un revolucionario! ¡Jamás vamos a aceptar la reparación económica! Hebe de Bonafini.
Los hijos de las Madres desaparecieron durante el Proceso de Reorganización Nacional entre 1976 y 1983 (entregaron el poder a Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983).
La cifra de personas detenidas desaparecidas se estima en 30.000. Es el número que obtuvieron los organismos de derechos humanos a partir de las denuncias y la estimación de casos no denunciados. Según el libro Nunca Más, informe de la Comisión Nacional de Desaparecidos, las víctimas del terrorismo de Estado fueron 9000 personas, por que solo cuentan los denunciados hasta 1983.
El comienzo del reclamo nació como una iniciativa de madres de detenidos y desaparecidos el 30 de abril de 1977 en Buenos Aires. Su objetivo inicial era poder tener una audiencia con el Presidente de facto argentino Jorge Rafael Videla. Para ello se reunieron en la Plaza de Mayo y efectuaron una manifestación pública pacífica pidiendo saber el paradero de sus hijos. La elección de la Plaza de Mayo se debe a que está situada frente a la Casa Rosada, sede de la Presidencia y lugar donde tradicionalmente se han efectuado manifestaciones políticas.
La idea surgió mientras el grupo inicial de madres estaba esperando que las atendiera el secretario del Vicario Castrense. Una de ellas, Azucena Villaflor de Devincenti, propuso entonces:
"Individualmente no vamos a conseguir nada. ¿Por qué no vamos todas a la Plaza de Mayo? Cuando vea que somos muchas, Videla tendrá que recibirnos."
Ese mismo día, 14 madres iniciaron una jornada a la cual, con el paso del tiempo, se acercarían otras madres afectadas. Desde entonces, todos los jueves repetirían una caminata (originada cuando las fuerzas de seguridad les exigieron "circular" por causa del estado de sitio) alrededor de la pirámide central de la plaza.
Entre aquellas primeras Madres estuvieron: Azucena Villaflor de Devincenti, Berta Braverman, Haydée García Buelas, María Adela Gard de Antokoletz, Julia Gard, María Mercedes Gard y Cándida Gard (4 hermanas), Delicia González, Pepa Noia, Mirta Baravalle, Kety Neuhaus, Raquel Arcushin, Sra. De Caimi y una joven que no dio su nombre. Al viernes siguiente aparecieron más madres, entre ellas Hebe de Bonafini, de la ciudad de La Plata. La presencia de las madres en la Plaza era conocida por comentarios de boca en boca, puesto que así como no existían los "desaparecidos" para la prensa, tampoco existían las Madres. Al tercer día se cambió el viernes por el jueves. Acordaron que fueran los jueves de 15:30 a 16:00 hs. de la tarde por ser un día y una hora en la que transitaba mucha gente por la Plaza, ellas permanecían en grupo y de pie sin caminar. Fueron los policías que custodiaban la plaza quienes les indicaron que marcharan de a dos porque como el país estaba bajo Estado de Sitio estaban prohibidos los grupos de tres o más personas. Comenzaron las marchas alrededor de la pirámide de Mayo, símbolo de la Libertad, que continúan aún hoy. Para reconocerse, comenzaron a usar un pañuelo blanco en la cabeza hecho en un principio con tela de los pañales que se usan para bebés, representando así a los hijos. Ese pañuelo se convirtió en su símbolo. Las Madres intentaron dar a conocer sus dramas y así participaron de marchas religiosas numerosas y populares en las cuales era conveniente que pudieran reconocerse.
Entre el jueves 8 de diciembre y el sábado 10 de diciembre de 1977 un grupo de militares bajo el mando de Alfredo Astiz secuestró a un grupo de 12 personas vinculadas a la Madres de Plaza de Mayo . Al secuestrarse a las primeras dos madres, Hebe de Bonafini opinó ante Azucena Villaflor, una de las fundadoras de la organización, la necesidad de suspender la solicitada en el diario que iba a publicarse, hasta que se encontraran a las madres. Villaflor se opuso, expresando que a ellas las buscarían, pero mientras tanto no habría quién buscara a los hijos. Finalmente al día siguiente fue secuestrada en la esquina de su casa en Avellaneda por el Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada. Volvía de comprar el diario donde las Madres habían publicado su primer solicitada.
"la desaparición de Azucena, de Mary y de Esther, casi nos hizo tambalear a este grupo que recién se armaba. Lo hicieron para liquidarnos, ellos no pensaron que nosotras íbamos a seguir. De esas Madres lo que hay que saber es que se llevaron las tres mejores Madres que teníamos, porque nosotras veníamos todas de no saber nada, (...) Azucena venía de una familia peronista muy combativa, que ya había vivido mucha presión la familia Villaflor, ella ya había sido sindicalista, trabajaba en una compañía de telefonía y era del sindicato; Mary Ponce trabajaba en la base de la Iglesia del Tercer Mundo y Esther Balestrino de Careaga era una bioquímica que venía huyendo de Paraguay, ella vino y nos dijo que se llamaba Teresa (...) ella era una mujer super inteligente. Ella siempre me enseñaba muchas cosas, me decía “mirá Hebe, cuando vos vas a una reunión y hay uno con un micrófono, te tenés que dar cuenta que ese es el que va a dirigir la reunión y la va a mandar, porque el micrófono le da el poder, pero vos sabés qué tenés que hacer, aunque sea pararte arriba de una mesa, pero no lo dejes porque vos tenés fuerza para eso” y un día yo la vi a ella en una reunión en Familiares parada arriba de una silla discutiéndole a Cata Guagnini, por el tema del micrófono.[tiempo después] apareció la hija y ella siguió con las Madres. Nosotras le decíamos que teníamos miedo, porque le decíamos que “si apareció tu hija, ahora qué va a pasar”, pero le había quedado el yerno desaparecido. Ella tenía un convencimiento político impresionante: conocía todo, sabía de todo, te explicaba todo."
El grupo completo secuestrado estaba integrado por Azucena Villaflor de Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco (las tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo), las monjas Alice Domon y Léonie Duquet, y siete activistas de derechos humanos.
A pesar de este hecho, las madres continuaron la lucha, hasta hacerse reconocibles durante la realización del Mundial de Fútbol de 1978 en Argentina, cuando periodistas internacionales empezaron a entrevistarlas y dieron a conocer su movimiento.Según Hebe de Bonafini:
"Para mí, una de las cosas más importantes es que Holanda haya pasado en vez del mundial (Argentina ’78) la marcha de las Madres, porque era jueves y ahí nos conoció el mundo. Yo creo que eso fue un cimbronazo muy grande para las Madres porque inmediatamente las mujeres de Holanda nos escribieron y nos dijeron “estamos a su disposición”, y ellas juntaron el dinero para que tengamos la primer casa, porque si no tan desboladas y tan desarmadas como estábamos yendo a las iglesias que nos pateaban o yendo a un confitería de la que nos teníamos que ir temprano porque si no nos llevaban presas, no sé si hubiéramos podido durar porque estuvimos tres años sin tener dónde reunirnos"[1]
Entre los años 1978-1979 Las Madres comienzan a salir al exterior para hacer conocer el drama de los desaparecidos y solicitar que se aislara a la Dictadura Argentina, primero a Europa y luego a EEUU Fueron escuchada e invitadas. Amnesty International patrocinó un viaje en 1979 que abarcó 9 países para exponer ante gobernantes de Europa y los Estados Unidos la situación real en la República Argentina.
También para nosotras nos marcó muchísimo el primer viaje que hicimos, animarnos a salir a Europa cuando nadie salía.Yo pienso también que cuando se fueron formando los grupos de solidaridad fueron todos lazos de contención muy fuerte para las Madres, tal vez la gente no se dio cuenta, el Frente de Apoyo a las Madres y los grupos de apoyo en distintas partes de Europa.[2]
En 1980 empieza a crearse por las madres la idea de que aún si los desaparecidos estuvieran muertos, se seguirá buscando el esclarecimiento como si siguieran vivos, porque el delito es constante hasta que no aparezca el cuerpo, concepto que después evolucionaria en la idea de que la víctimas que no están, no son solo las que fueron eliminadas por la dictadura, sino que ellas representan a todos los que lucharon contra el poder.
En 1980, Emilio Mignone y Adolfo Pérez Esquivel, con la convicción de que Los desaparecidos "estaban todos muertos", salieron al mundo a decir que ya no había más nada que hacer, que en 1979, cuando vino la Comisión de Derechos Humanos, se había hecho el "blanqueo" de los campos de concentración. Nosotras estábamos en Suecia, y empezamos a decir "no podemos bancar que los civiles, que el Premio Nobel, digan que están ‘todos muertos’. ¡De ninguna manera, tenemos que sacar una declaración, nadie nos dijo qué pasó con ellos, no podemos aceptar la muerte de nuestros hijos". Y el 5 de diciembre de 1980 sacamos la famosa frase, de cuestionamiento a un sistema perverso: "Aparición con vida", porque no hemos de dejar morir a nuestros hijos, "Aparición con vida" en cada lugar donde un hombre o una mujer pelean y luchan y levantan un fusil para defenderse, ahí están ellos ¡"Aparición con vida"! ¡De verdad, no es una utopía ni una locura!
Grupos antisistema
El movimiento antisistema es una invención de los medios de comunicación burgueses que reflejan toda aquella posición disidente y subversiva ante el sistema actual imperante, como si se tratase de una tribu urbana más. Su base ideológica, según la prensa, es compleja, amplia y heterodoxa, donde antiglobalización, anticapitalismo e inconformismo militante se nutren de diversas ideologías, movimientos cívicos y éticos, asociaciones e incluso partidos políticos. Cualquier movimiento que busque una confrontación o un cambio ante las instituciones establecidas puede ser denominado antisistema por los medios de comunicación.
Las fuerzas democráticas denominan "grupos antisistema" a los grupos y asociaciones de personas descontentos o en desacuerdo con el orden republicano tradicional, y de varias de sus instituciones sociales, políticas o económicas, y que desean de algún modo cambiarlo, y que lo demuestran mediante las protestas callejeras o actividades fuera del mainstream político o social.
Estos grupos denominados antisistema pueden ser variados y de un amplio espectro (extrema izquierda o extrema derecha, entre otros). Sin embargo, al igual que en el movimiento antiglobalización, suelen confluir y coincidir en el tipo de acciones y actividades, así como posicionamientos y actitudes tales como las manifestaciones.
Las fuerzas democráticas denominan "grupos antisistema" a los grupos y asociaciones de personas descontentos o en desacuerdo con el orden republicano tradicional, y de varias de sus instituciones sociales, políticas o económicas, y que desean de algún modo cambiarlo, y que lo demuestran mediante las protestas callejeras o actividades fuera del mainstream político o social.
Estos grupos denominados antisistema pueden ser variados y de un amplio espectro (extrema izquierda o extrema derecha, entre otros). Sin embargo, al igual que en el movimiento antiglobalización, suelen confluir y coincidir en el tipo de acciones y actividades, así como posicionamientos y actitudes tales como las manifestaciones.
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